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La violencia impune de Marruecos contra los saharauis, informe de Amnistía Internacional

La violencia impune de Marruecos contra los saharauis

Un informe de Amnistía Internacional documenta las torturas sufridas por los saharauis durante el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik y los disturbios en El Aaiún

La organización contabiliza un total de 13 víctimas mortales, 11 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis.

Los familiares de los saharauis fallecidos no han tenido acceso a los cuerpos ni a los informes de autopsia.

El pasado 8 de noviembre las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaban por la fuerza el campamento de Gdim Izik, situado a escasos kilómetros de El Aaiún, donde se habían establecido alrededor de 20.000 saharauis para protestar por la discriminación de la que son objeto y reclamar condiciones de vivienda y trabajo dignas. Los violentos enfrentamientos que se produjeron durante el desalojo y en los días posteriores se saldaron con 13 víctimas mortales (dos saharauis y once agentes marroquíes) y unos 200 detenidos saharauis, según una investigación independiente llevada a cabo sobre el terreno por Amnistía Internacional (AI) cuyos resultados se han publicado en el informe “Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sahara Occidental” (disponible en inglés).

Un edificio quemado por manifestantes saharauis (Amnistía Internacional)  

La organización de derechos humanos “condena y deplora” la muerte de los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, la mayoría como consecuencia de heridas de arma blanca,“en circunstancias que todavía tienen que ser aclaradas”, y denuncia la falta de transparencia e información en torno a las muerte de los dos saharauis así como la pasividad del régimen ante los casos documentados de abusos de derechos humanos. En este sentido, AI insta a las autoridades a iniciar de inmediato las investigaciones judiciales oportunas y recuerda que a pesar de que hayan pasado “más de cuatro años desde que se promulgara la ley específica contra la tortura, el patrón de impunidad vigente, no solo en lo referido a saharauis víctimas de tortura y maltrato, permanece inalterado”.

En contraste con los 200 detenidos saharauis, recalca AI, “no existe constancia de que haya ningún residente marroquí arrestado en conexión con los ataques perpetrados contra los saharauis, sus hogares y propiedades, y no se ha iniciado ninguna investigación a raíz de las denuncias de palizas, torturas y otros malos tratos contra los saharauis por parte de las fuerzas de seguridad”. Las averiguaciones de la organización contradicen las declaraciones del ministro del Interior, Taïeb Charkaout, quien aseguró el pasado 8 de noviembre que no se había efectuado “un solo disparo” durante el desmantelamiento, así como la versión oficial del gobierno, al no haber hallado evidencia alguna de que en el campamento-protesta se estuvieran reteniendo a personas en contra de su voluntad.

Por otra parte, el informe pone de manifiesto las restricciones en el acceso a la información y el retraso con el que las autoridades marroquíes respondieron a las demandas de los familiares de los detenidos que, en ocasiones, tuvieron que esperar hasta 16 días para conocer el paradero de sus allegados. La falta de claridad en las informaciones y su inconsistencia es especialmente notoria en el caso de los saharauis fallecidos, cuyas familias no han tenido acceso ni a sus cuerpos ni a los informes de las autopsias.

Brahim Daoudi murió en el Hospital Militar de Al Aaiún el 9 de noviembre. Según manifestó a AI el gobernador local, la causa de la muerte fue un ataque de asma, si bien otras autoridades y medios de comunicación habían hablado de neumonía y nadie aclaró por qué se encontraba en dicho hospital en el momento de su muerte. El testimonio de su viuda añade todavía una mayor oscuridad al caso: “Todavía no sé cómo murió. No tenía problemas de salud, nunca se había quejado de ninguna enfermedad y no he recibido ningún certificado médico ni informe de autopsia. Ni siquiera he podido ver el cuerpo. Su cuerpo fue trasladado directamente desde el Hospital Militar hasta el cementerio; nunca lo trajeron a casa, como mandan nuestras tradiciones”.

El segundo de los fallecidos, Babi Gargar Brahim Ould Mahmud Hamadi, con nacionalidad española, murió tras ser arrollado por un vehículo de la policía que se dio a la fuga, según afirman uno de sus hermanos y un testigo del suceso. Las autoridades, por su parte, no reconocen que se tratara de un coche oficial, sostienen que fue un accidente, que Hamadi fue enterrado con el beneplácito de su esposa y que le fue practicada la autopsia. Sin embargo, sus hermanos aseguran que nadie fue informado ni consultado al respecto y que no han recibido ningún informe de autopsia.

Una mujer saharaui que fue agredida por las fuerzas de seguridad marroquíes durante el desalojo del campamento de Gdim Izik (Amnistía Internacional)

Abusos y torturas

Todos los saharauis entrevistados por AI en el transcurso de la investigación alegaron haber sido víctimas de abusos, golpes y malos tratos -incluidas dos violaciones- por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, y según el informe, “la mayoría de ellos todavía presentaba heridas, cardenales o marcas visibles en su cabeza, cara, espalda o alguno de sus miembros, consistentes con sus declaraciones”.

En muchos de los casos, los saharauis agredidos durante el desalojo del campamento “no suponían ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni opusieron resistencia, entre ellos numerosas personas mayores, mujeres y discapacitados”, destaca el informe. En otros casos, advierte la organización, el hecho de que las palizas se produjeran tras la negativa a jurar lealtad al rey de Marruecos o declararse ciudadanos marroquíes “parece demostrar que las acciones de las fuerzas de seguridad pretendían castigar deliberadamente a algunos de los manifestantes por su trabajo en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”.

“A pesar del peso de la evidencia”, resalta AI, “no tenemos constancia de que las autoridades marroquíes hayan dado ningún paso para iniciar las investigaciones oportunas y asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estos actos y otros abusos contrarios a la ley sean llevados ante la justicia”. Además, recuerda a Marruecos que esta negativa contraviene lo dispuesto en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales es Estado parte.

Por otra parte, la organización, cuya petición de visitar la prisión de Al Aaiún fue rechazada por las autoridades, ha expresado su preocupación por los más de 130 saharauis que permanecen detenidos a la espera de juicio, 19 de los cuales han sido remitidos a un tribunal militar, a pesar de ser civiles. Según el informe, algunos de los procesados comparecieron ante el juez de instrucción sin asistencia letrada y otros declararon haber sido obligados a firmar documentos sin leerlos o haber aceptado cargos tras ser torturados.

Estado en que quedó una casa en Al Aaiún tras ser asaltada por residentes marroquíes (Amnistía Internacional)

 

Entre los detenidos figuran destacados defensores de los derechos humanos y activistas saharauis, como Ennaâma Asfari, copresidente del Comité para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos del Sahara Occidental; Mohamed Tahill y Ahmed Sbai, miembros de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado de Marruecos (ASVH); Banga al-Cheick, del Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis; o Brahim Ismaili, director del Centro Saharaui para la Conservación de la Memoria Colectiva. Estos arrestos “han elevado los temores de que las autoridades estén intentando implicar en los hechos ocurridos el 8 de noviembre a las voces críticas y los opositores pacifistas debido a sus actividades e ideas políticas”, concluye Amnistía Internacional.

Obstáculos a la investigación

Una de las constantes en el transcurso de la investigación llevada a cabo por AI entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre han sido los reiterados obstáculos impuestos por las autoridades para que la ONG pudiera recabar la información necesaria.

Además de la negativa de acceso a la prisión de Al Aiaún o el Hospital Militar, no se permitió que el equipo de AI se entrevistara con los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes que resultaron heridos en los enfrentamientos durante el desalojo del campamento o en los disturbios posteriores. Según la organización, las autoridades en Rabat y El Aaiún “suministraron escasa información, más allá de la que ya se había hecho pública a través de la prensa” y no proporcionaron ningún listado de víctimas, ni informes médicos o detalles sobre las lesiones de los fallecidos o heridos de ninguno de los dos lados. Tampoco accedieron a facilitar el video de 50 minutos que fue filmado durante la operación de desmantelamiento del campamento y del cual solo hicieron público un fragmento editado de 14 minutos en el que se muestran imágenes de actos de violencia cometidos por manifestantes saharauis.

Entre las recomendaciones que se desprenden del informe, Amnistía Internacional pide a Marruecos que realice “con prontitud [las] investigaciones judiciales sobre los todos los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos en relación con los sucesos del 8 de noviembre” y que los juicios se celebren “de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos”. En último lugar, la organización insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que prolongue el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental  (MINURSO) para incluir un mecanismo que supervise la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los territorios administrados por el Frente Polisario en Tindouf.

Testimonios de los saharauis  

Mujer, 60 años:

“Primero lanzaron piedras contra las tiendas [de campaña] y luego cortaron las cuerdas y las tiendas cayeron sobre nosotros. Mi hija levantó una parte para que pudiéramos salir pero empezaron a entrar piedras así que lo intentamos por el otro lado. Mientras gateaba para salir de la tienda tres policías antidisturbios me golpearon con porras. Levanté mi brazo izquierdo para protegerme y recibí golpes todavía más fuertes en él. También me pegaron en otras partes de mi cuerpo (…) Fui al hospital al día siguiente. En la puerta, mi hija me dijo yo que tenía diarrea porque tenía mucho miedo de decir que me habían golpeado. Cuando entré dije que me había caído para explicar mis heridas. Tenía tres fracturas en mi brazo izquierdo y cardenales enormes en mis piernas y la espalda”

Hombre, 38 años:

“Eran alrededor de las 2:30 de la tarde y yo estaba en mi casa con mi madre y mi hermano (…) De repente, un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad acompañado de otros residentes marroquíes, más de cien, derribaron la puerta y entraron en la casa. Nos pegaron a mí y a mi hermano, no nos preguntaron nada pero nos pidieron que dijéramos “larga vida al Rey” y me golpearon con una porra y un cuchillo en la cabeza, la cara y el pulgar derecho. Nos echaron de la casa”.

Mujer, 36 años:

“Unos hombres me registraron y abofetearon. (…) Me vendaron los ojos, me ataron las manos y me llevaron a otra oficina, donde me preguntaron sobre mis actividades, mi reciente visita a Algeria, en septiembre de 2010 para asistir a la Conferencia Internacional sobre los Derechos de los Pueblos a la Resistencia. Me obligaron a sentarme en el suelo y me dieron patadas y golpearon con palos en la cabeza y otras partes del cuerpo. Me forzaron a decir “larga vida al Rey” y que yo era marroquí. Cuando dije “yo no soy marroquí” me volvieron a golpear. (…) Más tarde me llevaron a una celda, seguía con los ojos vendados pero ya sin las manos atadas. Si parecía que me iba a quedar dormida me pegaban continuamente y me daban patadas e insultaban para que permaneciera despierta. Podía escuchar los gritos de otras mujeres y hombres en el pasillo y en otras celdas”.

Hombre, 22 años:

“Cuando las fuerzas marroquíes entraron en el campamento a mi madre se la llevaron en autobús y yo me escapé de la tienda familiar. Tengo dificultades para andar así que me escondí detrás del muro de arena, fui capturado por los gendarmes a las 8 de la mañana y me metieron en la parte trasera de un camión con otros tantos, todos con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, muchos de ellos sangrando por las palizas que habían recibido. (…) Fui golpeado con porras en la cabeza, los brazos y las piernas, me dieron puñetazos y patadas. También me tiraron agua sucia y orina por encima, me obligaron a permanecer arrodillado, de cara al muro, con los ojos vendados y maniatado con esposas de plástico. Sin comida hasta dos días más tarde”.

http://periodismohumano.com/en-conflicto/la-violencia-impune-de-marruecos-contra-los-saharauis.html

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=SIAI&DOCS=1-10&separador=&INAI=MDE2901910

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Vídeo detención de Willy Toledo por condenar los sucesos de El Aaiún para compartir


Willy Toledo detenido por defender la causa del SAHARA. YO TAMBIÉN SOY WILLY TOLEDO

Un grupo prosaharaui, desalojado del Congreso y trasladado a comisaría

Los activistas, entre los que estaba Willy Toledo, interrumpió con gritos la votación de una moción para instar al Gobierno a condenar la violencia en El Aaiún

El problema del Sáhara y la violencia desatada tras el ataque de Marruecos al campamento de refugiados ha vuelto a estar presente en el Congreso de los Diputados.

Primero porque se votaba una moción promovida por IU-ICV para instar al Gobierno a condenar la violencia desatada en El Aiaún y segundo porque justo antes de que se produjera esa votación un grupo prosaharaui, en el que se encontraba el actor Willy Toledo, ha sido desalojado del hemiciclo tras proferir gritos en favor de la lucha saharaui.

En concreto han sido seis los activistas que han sido desalojados por orden del presidente del Congreso, José Bono, tras interrumpir la votación. Bono ha ordenado tomar sus nombres yllevarles a la Comisaría del Congreso por si hubieran cometido alguna “falta o delito”.

Pero en vez de quedarse en las dependencias policiales de la Cámara, han permanecido hasta que concluyó el pleno en uno de los salones próximos al hemiciclo, custodiados por la Policía, para después ser trasladados a la Brigada de Información metidos en un furgón blindado. El objeto de su traslado es que se les pueda tomar declaración para el correspondiente atestado. Su salida del Congreso ha estado acompañada de gran expectación mediática.

Tras permanecer sentados en la tribuna de invitados durante todo el pleno en el Congreso, en el momento de empezar a votar los activistas se han levantado de sus asientos y han comenzado a increpar a los diputados con gritos de “¡El Sáhara no se rinde!”, “¡Libertad!”, “¡España atiende, el Sáhara no se vende¡”, “¡Sáhara Libre!” o “¡Cuánta hipocresía!”.

Funcionarios de la Policía que se encontraban en la tribuna de invitados cuando se produjeron los hechos escucharon que, además de las proclamas políticas, también gritaron contra los diputados. En concreto, utilizaron la expresión “¡Diputados chorizos!”, han asegurado otras fuentes parlamentarias.

Los hechos podrían hacerles responsables de un delito tipificado en el Código Penal, en el artículo 497.1, el cual establece que “incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes sin ser miembros del Congreso de los Diputados (…) perturben gravemente el orden de sus sesiones”.

Instar a una “condena” sin citar a Rabat

A instancias de IU-ICV el pleno del Congreso ha aprobado una moción en la que se insta al Gobierno “condenar los incidentes violentos” ocurridos durante el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún, aunque sin hacer mención a Marruecos.

La votación ha salido adelante pero sin pedir al Gobierno que condene directamente a Marruecos

La moción también pide que el Ejecutivo “exprese a las autoridades marroquíes su preocupación ante lasinformaciones sobre violaciones de derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental”. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor, salvo ERC, que se ha abstenido.

El texto es similar a los aprobados por el Senado el pasado martes y por el Parlamento Europeo la semana pasada, que también recibió el respaldo de todos los grupos políticos, y que Marruecos tildó de “parcial, injusta y precipitada”.

El acuerdo en el Congreso ha sido posible después de que IU-ICV haya aceptado un texto alternativo del PSOE que omite la condena expresa a Marruecos por desmantelar el campamento por la fuerza.

En la moción se reclama que la misión de la ONU en el Sahara Occidental (Minurso) lleve a cabo una investigación independiente para esclarecer los hechos y determinar cuántos muertos y desaparecidos hubo, ante la discordancia entre los datos ofrecidos por Marruecos y por el Frente Polisario.

Se solicita además a Marruecos que permita a los observadores internacionales, a las organizaciones humanitarias y a los periodistas entrar libremente en el territorio y que la Minurso supervise la situación de los derechos humanos.

Todos los grupos de la oposición han aprovechado el debate para arremeter contra el Gobierno por su falta de firmeza ante Rabat y dar la espalda al pueblo saharaui tras los incidentes en El Aaiún.

http://www.publico.es/espana/349767/un-grupo-prosaharaui-desalojado-del-congreso-y-trasladado-a-comisaria


Primeros momentos del ataque en el campamento, con gases lacrimógenos


Primeros momentos del ataque en el campamento de Gdeim Izik. Resistencia Saharaui


Sáhara occidental es posible


Blog en directo desde el Aaiún

Blog en directo de lo que esta sucediendo en El Aaiún, entres los Saharauis y la policía y ejercito marroquí.

http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/