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Si no lo es, lo parece mucho. Camps y la memoria histórica, o apostando por la desmemoria…#memoriahistorica

Camps contra la Memoria

Juristas nombrados por el PP dicen que en Valencia no es obligatorio retirar escudos franquistas

Los escudos franquistas que llenan todavía las ciudades españolas sólo reflejan “un cambio histórico” y no suponen una “exaltación” de la dictadura. En consecuencia, los ayuntamientos no están obligados a retirarlos de las calles. Esta es la insólita interpretación de la Ley de Memoria Histórica que ha hecho el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu, en respuesta a una pregunta formulada por el Consistorio de Valencia.

El Consell está formado por seis juristas que deben ser, según la normativa, de reconocido prestigio. Tres de ellos fueron designados directamente por el Gobierno de la Generalitat Valenciana presidido por Francisco Camps y los otros tres por el Parlamento autonómico, ambas instituciones controladas por el PP. A pesar de ello, dos consejeros mostraron su disconformidad con la tesis del dictamen a través de sendos votos particulares.

El informe es del órgano valenciano equivalente al Consejo de Estado

El Ayuntamiento de Valencia pidió a este órgano asesoramiento el pasado junio después de que el PSOE -por enésima vez le pidiera que retirase los escudos franquistas que quedan en colegios y placas de calles, entre otros símbolos fascistas. Cuatro meses después, el Consell emitió un informe favorable a los intereses del equipo de Gobierno local.

El águila, “del Renacimiento”

El dictamen reconoce que la Ley de Memoria Histórica ordena a las administraciones “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. El informe admite, además, que la insignia franquista representa “unos valores que asumía como deseables un régimen autoritario que, por definición, parte de premisas distintas a las que son propias de un Estado democrático”.

Argumentan que los blasones sólo reflejan un cambio histórico

Sin embargo, el Consell llega a la conclusión de que el escudo y el resto de símbolos ideados por la dictadura “exteriorizan gráficamente el cambio histórico” de la República al franquismo, pero “no son, por sí mismos, una exaltación”. Para respaldar esta conclusión, aparentemente contradictoria con lo afirmado más arriba, los juristas autores del informe analizan uno a uno algunos de los elementos que componen el escudo franquista con el objetivo de mostrar que algunos de ellos (el águila y el yugo y las flechas) ya habían sido utilizados en el Renacimiento.

Varios juristas consultados opinan que se trata de un dictamen técnicamente enclenque y políticamente interesado. “Es una interpretación sibilina y rebuscada de la norma para desviarla de su finalidad. En el fondo quieren justificar una etapa histórica”, en palabras del abogado especialista en derechos humanos Juan Ramón Juániz.

“En el propio dictamen hay una contradicción tremenda, un salto en el vacío”, opina José María Tomás i Tío, presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial. “El Consell Jurídic pretende adaptar la Ley de Memoria Histórica a la petición que le hace el ayuntamiento continúa y para eso ignora los criterios técnicos que se deben usar para interpretar una ley, como son la atención a su espíritu y finalidad, o la realidad social a la que va dirigida”. El jurista reprocha también al Consell que analice por separado los elementos del escudo para darles un aire neutral. “El conjunto de los elementos es el que determina la identidad del símbolo”, afirma.

Se ha interpretado la ley de manera “sibilina”, afirman varios juristas

En esta misma línea se pronunció Ana María Castellano, una de las juristas del Consellque votó en contra del dictamen. Castellano defiende la retirada de todos los escudos franquistas, “porque esos símbolos siguen teniendo un vigor y una fuerza estremecedora dentro de la sociedad actual, siguen presentes para millones de personas y tienen un significado concreto que no se puede alterar como si fueran palabras vacías”.

La función del Consell Jurídic se limita al asesoramiento jurídico de las instituciones valencianas, por lo que este dictamen no es vinculante ni sienta ningún tipo de jurisprudencia en la interpretación de la ley. No obstante, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia (GPRMH) ya ha mostrado su preocupación por que pueda servir de ejemplo a aquellos políticos que se resisten a retirar los símbolos franquistas del espacio público.

De momento, el texto ya ha servido para dar soporte al Ayuntamiento de Valencia en su sistemática negativa a retirar cualquier símbolo de la dictadura de los muchos que quedan en la ciudad. No han derogado, por ejemplo, el título de alcalde honorario concedido a Franco en 1939. Aducen que el galardonado está muerto y, por tanto, no es necesario ocuparse del tema.

“Las víctimas del franquismo son de segunda”, lamenta una asociación

Además, quedan decenas de calles con nombres de dirigentes de la dictadura (una de las calles más conocidas, la Barón de Cárcer, homenajea al primer alcalde franquista). También hay un barrio dedicado a falangistas que participaron en el golpe de Estado de 1936. Además, existen símbolos en varias iglesias católicas. El más significativo está en el templo de la Santa Cruz, donde una imagen de Franco adorna el retablo como un personaje más. En reiteradas ocasiones, desde el ayuntamiento se ha señalado que la memoria histórica “no es una prioridad”.

Hasta el momento, numerosas administraciones han cumplido la Ley de Memoria Histórica y se han retirado decenas de escudos franquistas. El último fue el del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, el 14 de enero. Antes, fue retirado el que presidía la fachada de la Casa das Artes en Vigo, el que adornaba el edificio de Capitanía en Barcelona y el de la Capitanía General de Valladolid, entre muchos otros. En la propia ciudad de Valencia, el Ministerio de Defensa ha retirado los escudos de tres edificios de su propiedad.

El ‘aguilucho’, libre de culpa

“Parece que las víctimas del franquismo son víctimas de segunda”. Con esta frase, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, Matías Alonso, mostraba su indignación por el dictamen del máximo órgano consultivo valenciano. El Consell Jurídic Consultiu afirma que los ayuntamientos no están obligados a retirar los escudos franquistas de las calles porque reflejan un “cambio histórico” y no una “exaltación” de la dictadura. “Llegan a dar soporte a los razonamientos con que la ultraderecha defiende la simbología franquista”, se lamentó Alonso. Se sorprenden, sobre todo, de que el Consell pretenda restar peso político al escudo analizando sus elementos por separado, con afirmaciones como que el águila y el yugo y las flechas ya se usaron en el Renacimiento. “Es como decirle a una víctima del nazismo que no debe ofenderse por la esvástica porque ya se usaba en Oriente. O imponer a las víctimas de ETA que vivan bajo el escudo de la banda porque, total, sólo es una serpiente y un hacha de leñador”, dice Alonso. Para rebatir los argumentos del Consell basta una lectura del Decreto de 1938 por el que el bando sublevado establece sus nuevos símbolos y hace del escudo el reflejo de su ideología totalitarista. La dictadura rompe con la tradición heráldica de los últimos cuatro siglos y decide recuperar el escudo de los Reyes Católicos para mostrar que el nuevo régimen es “radicalmente distinto al que ha venido a sustituir”, dice el decreto. Le añaden, además, nuevos elementos puramente franquistas, como el lema “Una, Grande, Libre”, inventado por la Falange.

 

 


En Europa esto no pasa, somos verdaderamente demócratas #memoria #españa #pasado

Las víctimas del franquismo responden al Gobierno de Camps

Consideran que el Consell Jurídic Consultiu hace una “retorcimiento literario” de la Ley de Memoria Histórica al recomendar que no se retiren los símbolos.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH) ha lamentado el contenido del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que sostiene que no es exigible a las administraciones la retirada de escudos franquistas “porque no exaltan por sí mismos la represión de la dictadura”.

El colectivo asegura que “todos y cada uno de los argumentos en ese sentido son desmontables” y añade que “esta situación advierte del peligro que encierra la actitud de la facción del PP que gobierna la Comunidad Valenciana, que instrumentaliza a las instituciones en su lucha por imponer sus tesis políticas e históricas frecuentemente contradictorias con el espíritu constitucional vigente, como hoy es el caso del CJC”.

El GPRMH sostiene que esas interpretaciones pueden dar lugar incluso a la “conservación de cruces gamadas”

El Grupo muestra su rechazo al dictamen, basado, a su parecer, en un “retorcimiento literario” del artículo 15.1 de la Ley de la Memoria y en gran parte en una “reinterpretación benévola de lo que representan escudos, placas o insignias claramente fuera de la Constitución por el propio decreto de 1938 que los crea”.

Los autores de dicho decreto, recuerda la entidad, “se basan en conceptos hoy abiertamente anticonstitucionales, además de ser la nueva representación de un estado totalitario basado en preceptos enfrentados a cualquier régimen constitucional y democrático”.

En la misma línea, el Grupo califica de “muy preocupante que el dictamen pueda ser usado contra la llamada Ley de la Memoria desde esas posiciones, con una interpretación que puede dar argumentos incluso a la conservación de cruces gamadas en Europa bajo el argumento de que en realidad son símbolos histórico-religiosos nacidos en Oriente como representaciones de divinidades budistas”.

No obstante, recalca, aun con el “profundo desacuerdo” con el dictamen, que el CJC deja claro que ninguna ley ampara el mantenimiento de escudos, insignias y placas y que las que dieron lugar a su aparición forman parte del entramado jurídico franquista, afortunadamente superado y anticonstitucional.

“Nosotros añadimos que el simple convencimiento democrático y los valores que dicen jurar cuando acceden a sus cargos deberían servir de acicate para tal retirada, pero su actitud de insumisión ante la Ley de la Memoria y tantos otros aspectos no les deja avanzar por la senda de la reconciliación con la normalidad a nivel estatal e incluso europeo”. El Grupo enfatiza que en Europa se retiraron símbolos parecidos hace décadas respondiendo a la “sinceridad democrática de Gobiernos e instituciones que hace años ya se desnacificaron”.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/355925/las-victimas-del-franquismo-responden-al-gobierno-de-camps

 

 


Los símbolos de una dictadura asesina exaltan el genocidio y la opresión, en Valencia no

El Jurídic dictamina que Barberá no está obligada a quitar los símbolos de Franco

El CJC entiende que “no son una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura”


La propuesta generó un agrio debate y el rechazo del PP, que dudaba de que la Ley de la Memoria Histórica afectara a estos símbolos. Así pues, propuso como alternativa solicitar un informe al CJC para que aclarara si el Ayuntamiento estaba obligado por esta norma, cuyo artículo 15.1 dice textualmente: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.
Y aquí está la respuesta, contraria a todo lo que ha sido el devenir de la ley desde su aplicación. De hecho, el Ministerio de Defensa ya ha retirado los escudos de la Capitanía Militar y del Gobierno Militar; y ha quitado la estatua ecuestre de Franco que se guardaba en el cuartel de Santo Domingo para llevarla a un almacén de la base Jaime I de Bétera.

Vínculos con el régimen
En su argumentación, el Consell Jurídic Consultiu confirma hasta en tres ocasiones la identidad de estos símbolos con el régimen de Franco. “Todo escudo o símbolo heráldico -dice en primer lugar- tiene por objeto representar gráficamente determinados valores con una finalidad identitaria de su usuario. En este sentido, la simbología que se incluyó a la sazón en el escudo de España pretendió representar al “nuevo estado” que surgió de la “revolución nacional””.
“Dicha simbología -continúa- es expresiva de unos valores que asumía como deseables un régimen autoritario que, por definición, parte de premisas distintas a las que son propias de un estado democrático constitucional como es el español actual”.
Y para cerrar explica que “aquellos símbolos exteriorizan gráficamente el cambio histórico que supuso, al finalizar la Guerra Civil, el paso de un régimen republicano constitucional a uno dictatorial”.
Sin embargo, y esta es la clave, el CJC determina que estos símbolos “no son por sí mismos una exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura a la que se refiere el artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica”.
“Por las razones expuestas -concluye-, no puede derivarse de la Ley de la Memoria Histórica la obligación imperativa de retirar los escudos discutidos, máxime cuando, además, el legislador podría haber establecido aquella obligatoriedad si así lo hubiera estimado oportuno, sin supeditarla al condicionante de la exaltación, bastando a tal fin únicamente que se hubiera contenido una descripción expresa de tales escudos, y anudada a ella la determinación clara, inequívoca e incondicional de su sustitución en todo caso”.
El Consell Jurídic Consultiu deja abierta, en última instancia, la posibilidad de que el Ayuntamiento de Valencia retire estos símbolos voluntariamente.

Dos votos particulares en contra e indignación del Grupo Socialista

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu contó con dos votos particulares en contra, los de Vicente Cuñat Edo y Ana María Castellano Vilar. Pero sobre todo ha causado una profunda indignación en el Grupo Socialista y en su concejal Juan Soto, impulsor de la moción para la retirada de los símbolos preconstitucionales. Para Soto, este dictamen “es un torpedo a la Ley de la Memoria Histórica” que parte, además, de una “interpretación perversa” de la ley con la que “se intenta separar la simbología de un régimen dictatorial de la represión que se ejerció durante ese régimen”, represión, recuerda, que “era una de sus actividades primordiales para subsistir”.
“¿Qué escudos presidían las cárceles, las comisarías, las salas de tortura?”, se pregunta Soto. “Los mismo que todavía hoy están en los colegios o en las calles”, se responde.
El concejal socialista cree que “la Ley de la Memoria Histórica ha pretendido dejar claro todo esto y no se pueden separar una cosa de otra para que siga perviviendo un régimen anacrónico en los colegios de la ciudad”.
Desde que se conoció el dictamen del CJC, el Grupo Municipal Socialista puso en marcha una serie de consultas de alto nivel para la posible presentación de un recurso judicial.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/01/12/juridic-dictamina-barbera-obligada-quitar-simbolos-franco/772967.html


Andalucía desvela pueblo a pueblo el terror franquista

La Junta publica un mapa con 614 fosas comunes en 359 municipios

El goteo de puntos negros mancha el mapa más al oeste que al este, más al sur que al norte, en un dibujo que ilustra la ferocidad del avance inicial de las fuerzas golpistas. Todos los puntos son redondos y de igual tamaño. Pero unos esconden más muerte que otros. En Órgiva (Granada) hay 11 puntos. Se desconoce el número de muertos que hay tras la mayoría de ellos. Sí se cree que tras uno hay 196 víctimas. Tras otro, más de 5.000. Órgiva tiene hoy 5.800 habitantes. Quizás sume casi tantos muertos en sus fosas como vivos en sus casas. Para comprobarlo, habría que excavar.

La Consejería de Justicia de Andalucía presentó ayer su mapa de fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista. Le salen 614 más que en ninguna otra comunidad en 359 de los 711 municipios andaluces. La mayoría son enterramientos de los primeros meses de la guerra. Pero hay posteriores. El último, en Sierro (Almería), es de 1947.

El dato oficial de víctimas asciende a 47.349, pero se queda corto

La Junta pone sobre la mesa como dato oficial 47.349 víctimas de la represión franquista [ver infografía], de las que se conocen los nombres y apellidos de aproximadamente la mitad. “Seguramente sean más”, opina Arcángel Bedmar, historiador especializado en el caso cordobés. En las dos fosas de la capital cordobesa la Junta sitúa 1.473 y 811 cuerpos. Bedmar advierte que estos datos, sacados de los libros de cementerio, son aproximaciones “por debajo de la realidad”. “Así se comportan las dictaduras, borrando huellas”, concluye. Se calcula que en España hay unas 2.000 fosas. En Violencia roja y azul, el historiador Francisco Espinosa cifra en 130.199 los represaliados por el franquismo en España.

“Para tener certezas, hay que excavar”, recuerda Cecilio Gordillo

Los datos del mapa andaluz salen de archivos civiles y judiciales, ayuntamientos, cementerios, testimonios… Han sido recopilados por las asociaciones de memoria, que han cargado con el grueso del trabajo. El resultado es aproximativo. Hay fosas que no están en la lista porque hay pueblos donde la represión no se ha estudiado. Tampoco es seguro que cada uno de los puntos identificados sean fosas. “Para saberlo con total certeza, hay que abrir”, explica Cecilio Gordillo, coordinador de Todos los Nombres. Pero el trabajo sí es una aproximación fidedigna y un buen punto de partida.

Hay localizadas incluso fosas, como la de El Rubio (Sevilla), que figuran en el mapa aunque los cuerpos ya han sido trasladados a otro lugar. Otras, también en el mapa, podrían estar vacías si fueron excavadas para llevar los restos al Valle de los Caídos.

El mapa de la Junta, en un formato digital interactivo que pronto se publicará en la web de Justicia, permite al usuario consultar las fosas pueblo a pueblo. Con un link en un punto rojos todos ellos en el mapa de la Junta se despliega un menú con fotografías del lugar e información sobre el episodio represivo, la fecha y el número de víctimas. El trabajo supone un avance en cantidad, profundidad y accesibilidad de la información sobre víctimas del franquismo en España. Andalucía se suma a Catalunya, País Vasco y Asturias, las tres pioneras.

“Terroristas de Franco”

Un punto corresponde, por ejemplo, al mayor enterramiento ya excavado en España, el del cementerio de San Rafael, en Málaga, con más de 4.000 cuerpos y casi 3.000 a la espera de identificación. Otro, al de la fosa del cementerio de Huelva, donde se cree que hay 5.000.

“Hay pueblos en los que los terroristas de Franco mataron en un día tantas personas como los terroristas de ETA en toda su historia”, afirma Juan Gallo, comisario andaluz de Memoria Histórica. Ahí está mayor fosa de Nerva (Huelva), donde se cree que hay 1.500 cuerpos. O la de Los Pozos, en Alfacar (Granada), donde podría haber 900, no lejos de donde hace un año se buscó a Lorca.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/353739/andalucia-desvela-pueblo-a-pueblo-el-terror-franquista


Felicitaciones 10 Aniversario ARMH #memoria #libertad

Me piden y trasmito, y saben que me tienen a su lado, y mis brazos son sus brazos, y su esfuerzo es el mío, el aliento de los que dieron la vida defendiendo la libertad, son las fuerzas que me empujan a buscar un mundo mejor y más justo… (dixit Leo)

Se acaba este año 2010 en el que han ocurrido muchas cosas y entre ellas el décimo aniversario de la asociación (ARMH). Llevamos a cabo una serie de actos en Ponferrada para conmemorarlo. El vídeo que adjuntamos a este mensaje se realizó para la ocasión. Te agradecemos que lo cuelgues en tu muro y que sigas sumando gente a nuestra causa.

Atentamente,

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
www.memoriahistorica.org
Email: memoria36@hotmail.com


La violencia impune de Marruecos contra los saharauis, informe de Amnistía Internacional

La violencia impune de Marruecos contra los saharauis

Un informe de Amnistía Internacional documenta las torturas sufridas por los saharauis durante el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik y los disturbios en El Aaiún

La organización contabiliza un total de 13 víctimas mortales, 11 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos saharauis.

Los familiares de los saharauis fallecidos no han tenido acceso a los cuerpos ni a los informes de autopsia.

El pasado 8 de noviembre las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaban por la fuerza el campamento de Gdim Izik, situado a escasos kilómetros de El Aaiún, donde se habían establecido alrededor de 20.000 saharauis para protestar por la discriminación de la que son objeto y reclamar condiciones de vivienda y trabajo dignas. Los violentos enfrentamientos que se produjeron durante el desalojo y en los días posteriores se saldaron con 13 víctimas mortales (dos saharauis y once agentes marroquíes) y unos 200 detenidos saharauis, según una investigación independiente llevada a cabo sobre el terreno por Amnistía Internacional (AI) cuyos resultados se han publicado en el informe “Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sahara Occidental” (disponible en inglés).

Un edificio quemado por manifestantes saharauis (Amnistía Internacional)  

La organización de derechos humanos “condena y deplora” la muerte de los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, la mayoría como consecuencia de heridas de arma blanca,“en circunstancias que todavía tienen que ser aclaradas”, y denuncia la falta de transparencia e información en torno a las muerte de los dos saharauis así como la pasividad del régimen ante los casos documentados de abusos de derechos humanos. En este sentido, AI insta a las autoridades a iniciar de inmediato las investigaciones judiciales oportunas y recuerda que a pesar de que hayan pasado “más de cuatro años desde que se promulgara la ley específica contra la tortura, el patrón de impunidad vigente, no solo en lo referido a saharauis víctimas de tortura y maltrato, permanece inalterado”.

En contraste con los 200 detenidos saharauis, recalca AI, “no existe constancia de que haya ningún residente marroquí arrestado en conexión con los ataques perpetrados contra los saharauis, sus hogares y propiedades, y no se ha iniciado ninguna investigación a raíz de las denuncias de palizas, torturas y otros malos tratos contra los saharauis por parte de las fuerzas de seguridad”. Las averiguaciones de la organización contradicen las declaraciones del ministro del Interior, Taïeb Charkaout, quien aseguró el pasado 8 de noviembre que no se había efectuado “un solo disparo” durante el desmantelamiento, así como la versión oficial del gobierno, al no haber hallado evidencia alguna de que en el campamento-protesta se estuvieran reteniendo a personas en contra de su voluntad.

Por otra parte, el informe pone de manifiesto las restricciones en el acceso a la información y el retraso con el que las autoridades marroquíes respondieron a las demandas de los familiares de los detenidos que, en ocasiones, tuvieron que esperar hasta 16 días para conocer el paradero de sus allegados. La falta de claridad en las informaciones y su inconsistencia es especialmente notoria en el caso de los saharauis fallecidos, cuyas familias no han tenido acceso ni a sus cuerpos ni a los informes de las autopsias.

Brahim Daoudi murió en el Hospital Militar de Al Aaiún el 9 de noviembre. Según manifestó a AI el gobernador local, la causa de la muerte fue un ataque de asma, si bien otras autoridades y medios de comunicación habían hablado de neumonía y nadie aclaró por qué se encontraba en dicho hospital en el momento de su muerte. El testimonio de su viuda añade todavía una mayor oscuridad al caso: “Todavía no sé cómo murió. No tenía problemas de salud, nunca se había quejado de ninguna enfermedad y no he recibido ningún certificado médico ni informe de autopsia. Ni siquiera he podido ver el cuerpo. Su cuerpo fue trasladado directamente desde el Hospital Militar hasta el cementerio; nunca lo trajeron a casa, como mandan nuestras tradiciones”.

El segundo de los fallecidos, Babi Gargar Brahim Ould Mahmud Hamadi, con nacionalidad española, murió tras ser arrollado por un vehículo de la policía que se dio a la fuga, según afirman uno de sus hermanos y un testigo del suceso. Las autoridades, por su parte, no reconocen que se tratara de un coche oficial, sostienen que fue un accidente, que Hamadi fue enterrado con el beneplácito de su esposa y que le fue practicada la autopsia. Sin embargo, sus hermanos aseguran que nadie fue informado ni consultado al respecto y que no han recibido ningún informe de autopsia.

Una mujer saharaui que fue agredida por las fuerzas de seguridad marroquíes durante el desalojo del campamento de Gdim Izik (Amnistía Internacional)

Abusos y torturas

Todos los saharauis entrevistados por AI en el transcurso de la investigación alegaron haber sido víctimas de abusos, golpes y malos tratos -incluidas dos violaciones- por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, y según el informe, “la mayoría de ellos todavía presentaba heridas, cardenales o marcas visibles en su cabeza, cara, espalda o alguno de sus miembros, consistentes con sus declaraciones”.

En muchos de los casos, los saharauis agredidos durante el desalojo del campamento “no suponían ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni opusieron resistencia, entre ellos numerosas personas mayores, mujeres y discapacitados”, destaca el informe. En otros casos, advierte la organización, el hecho de que las palizas se produjeran tras la negativa a jurar lealtad al rey de Marruecos o declararse ciudadanos marroquíes “parece demostrar que las acciones de las fuerzas de seguridad pretendían castigar deliberadamente a algunos de los manifestantes por su trabajo en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”.

“A pesar del peso de la evidencia”, resalta AI, “no tenemos constancia de que las autoridades marroquíes hayan dado ningún paso para iniciar las investigaciones oportunas y asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estos actos y otros abusos contrarios a la ley sean llevados ante la justicia”. Además, recuerda a Marruecos que esta negativa contraviene lo dispuesto en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales es Estado parte.

Por otra parte, la organización, cuya petición de visitar la prisión de Al Aaiún fue rechazada por las autoridades, ha expresado su preocupación por los más de 130 saharauis que permanecen detenidos a la espera de juicio, 19 de los cuales han sido remitidos a un tribunal militar, a pesar de ser civiles. Según el informe, algunos de los procesados comparecieron ante el juez de instrucción sin asistencia letrada y otros declararon haber sido obligados a firmar documentos sin leerlos o haber aceptado cargos tras ser torturados.

Estado en que quedó una casa en Al Aaiún tras ser asaltada por residentes marroquíes (Amnistía Internacional)

 

Entre los detenidos figuran destacados defensores de los derechos humanos y activistas saharauis, como Ennaâma Asfari, copresidente del Comité para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos del Sahara Occidental; Mohamed Tahill y Ahmed Sbai, miembros de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado de Marruecos (ASVH); Banga al-Cheick, del Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis; o Brahim Ismaili, director del Centro Saharaui para la Conservación de la Memoria Colectiva. Estos arrestos “han elevado los temores de que las autoridades estén intentando implicar en los hechos ocurridos el 8 de noviembre a las voces críticas y los opositores pacifistas debido a sus actividades e ideas políticas”, concluye Amnistía Internacional.

Obstáculos a la investigación

Una de las constantes en el transcurso de la investigación llevada a cabo por AI entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre han sido los reiterados obstáculos impuestos por las autoridades para que la ONG pudiera recabar la información necesaria.

Además de la negativa de acceso a la prisión de Al Aiaún o el Hospital Militar, no se permitió que el equipo de AI se entrevistara con los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes que resultaron heridos en los enfrentamientos durante el desalojo del campamento o en los disturbios posteriores. Según la organización, las autoridades en Rabat y El Aaiún “suministraron escasa información, más allá de la que ya se había hecho pública a través de la prensa” y no proporcionaron ningún listado de víctimas, ni informes médicos o detalles sobre las lesiones de los fallecidos o heridos de ninguno de los dos lados. Tampoco accedieron a facilitar el video de 50 minutos que fue filmado durante la operación de desmantelamiento del campamento y del cual solo hicieron público un fragmento editado de 14 minutos en el que se muestran imágenes de actos de violencia cometidos por manifestantes saharauis.

Entre las recomendaciones que se desprenden del informe, Amnistía Internacional pide a Marruecos que realice “con prontitud [las] investigaciones judiciales sobre los todos los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos en relación con los sucesos del 8 de noviembre” y que los juicios se celebren “de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos”. En último lugar, la organización insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que prolongue el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental  (MINURSO) para incluir un mecanismo que supervise la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los territorios administrados por el Frente Polisario en Tindouf.

Testimonios de los saharauis  

Mujer, 60 años:

“Primero lanzaron piedras contra las tiendas [de campaña] y luego cortaron las cuerdas y las tiendas cayeron sobre nosotros. Mi hija levantó una parte para que pudiéramos salir pero empezaron a entrar piedras así que lo intentamos por el otro lado. Mientras gateaba para salir de la tienda tres policías antidisturbios me golpearon con porras. Levanté mi brazo izquierdo para protegerme y recibí golpes todavía más fuertes en él. También me pegaron en otras partes de mi cuerpo (…) Fui al hospital al día siguiente. En la puerta, mi hija me dijo yo que tenía diarrea porque tenía mucho miedo de decir que me habían golpeado. Cuando entré dije que me había caído para explicar mis heridas. Tenía tres fracturas en mi brazo izquierdo y cardenales enormes en mis piernas y la espalda”

Hombre, 38 años:

“Eran alrededor de las 2:30 de la tarde y yo estaba en mi casa con mi madre y mi hermano (…) De repente, un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad acompañado de otros residentes marroquíes, más de cien, derribaron la puerta y entraron en la casa. Nos pegaron a mí y a mi hermano, no nos preguntaron nada pero nos pidieron que dijéramos “larga vida al Rey” y me golpearon con una porra y un cuchillo en la cabeza, la cara y el pulgar derecho. Nos echaron de la casa”.

Mujer, 36 años:

“Unos hombres me registraron y abofetearon. (…) Me vendaron los ojos, me ataron las manos y me llevaron a otra oficina, donde me preguntaron sobre mis actividades, mi reciente visita a Algeria, en septiembre de 2010 para asistir a la Conferencia Internacional sobre los Derechos de los Pueblos a la Resistencia. Me obligaron a sentarme en el suelo y me dieron patadas y golpearon con palos en la cabeza y otras partes del cuerpo. Me forzaron a decir “larga vida al Rey” y que yo era marroquí. Cuando dije “yo no soy marroquí” me volvieron a golpear. (…) Más tarde me llevaron a una celda, seguía con los ojos vendados pero ya sin las manos atadas. Si parecía que me iba a quedar dormida me pegaban continuamente y me daban patadas e insultaban para que permaneciera despierta. Podía escuchar los gritos de otras mujeres y hombres en el pasillo y en otras celdas”.

Hombre, 22 años:

“Cuando las fuerzas marroquíes entraron en el campamento a mi madre se la llevaron en autobús y yo me escapé de la tienda familiar. Tengo dificultades para andar así que me escondí detrás del muro de arena, fui capturado por los gendarmes a las 8 de la mañana y me metieron en la parte trasera de un camión con otros tantos, todos con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, muchos de ellos sangrando por las palizas que habían recibido. (…) Fui golpeado con porras en la cabeza, los brazos y las piernas, me dieron puñetazos y patadas. También me tiraron agua sucia y orina por encima, me obligaron a permanecer arrodillado, de cara al muro, con los ojos vendados y maniatado con esposas de plástico. Sin comida hasta dos días más tarde”.

http://periodismohumano.com/en-conflicto/la-violencia-impune-de-marruecos-contra-los-saharauis.html

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=SIAI&DOCS=1-10&separador=&INAI=MDE2901910


Primeros momentos del ataque en el campamento de Gdeim Izik. Resistencia Saharaui