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El desempleo juvenil y las políticas de empleo #juventud #jóvenes

El desempleo juvenil y las políticas de empleo

La oferta de formación profesional debe reestructurarse, pero la necesidad de que estos jóvenes adquieran una mayor capacitación profesional resulta imperiosa
El pasado 28 de enero nos despertamos con una buena noticia. Por fin, los agentes sociales y el Gobierno alcanzaban un acuerdo de calado en materia de pensiones. Además, los medios filtraban que el acuerdo trascendía las pensiones, al incluir otros acuerdos sobre Políticas Activas de Empleo, e incluso sobre Política Industrial y Energética.
La alegría duró poco, ya que hacia las nueve de la mañana de ese mismo día el Instituto Nacional de Estadística presentaba los datos de empleo del cuarto trimestre de 2010: 4.690.000 parados (tasa de desempleo del 20.3%), 138.000 ocupados menos, y 35.600 hogares más con todos sus miembros activos en paro.
Si nos fijamos en los jóvenes menores de 30 años, la cifra de desempleo es aún más desoladora: son 1.700.000 jóvenes que quieren trabajar pero no encuentran empleo y que suponen ya más del 35% del total de parados. ¿Cómo son estos jóvenes? Los datos publicados recientemente reflejan que casi el 60% de estos parados tiene como máximo el nivel de educación obligatoria, y solo el 17% tiene educación universitaria.
Su nivel educativo no solo influye en la probabilidad de estar desempleado; también en cuánto tiempo permanece en el desempleo: entre los parados con nivel de educación obligatoria o menor, el 62% llevan más de 6 meses desempleados, mientras que entre los universitarios parados, este porcentaje disminuye hasta el 50%. Finalmente, el 40% de los jóvenes menores de 30 años que trabajan tiene un contrato temporal, porcentaje mucho mayor al del resto de los trabajadores.
En definitiva, entre el colectivo de jóvenes parados es mayoritaria la presencia de individuos con una formación igual o menor a la obligatoria, a todas luces muy escasa para enfrentarse a un mercado laboral altamente globalizado y competitivo.
En este escenario de los jóvenes tan preocupante, el Gobierno y los agentes sociales han llegado al llamado Acuerdo Económico y Social, que se aprobó en Consejo de Ministros. Uno de sus contenidos es precisamente el acuerdo en materia de puesta en marcha de políticas activas que favorezcan la empleabilidad de los jóvenes menores de 30 años.
Ese acuerdo por los jóvenes incluye el desarrollo de un itinerario individual y personalizado de empleo, por el cual a cada joven desempleado se le va a dotar de ayuda profesional para que encuentre en el menor tiempo posible un empleo adecuado a su capacitación. Si su formación fuera considerada insuficiente, se le ofrecerá una formación complementaria que le ayude en la recolocación laboral. Sin embargo, para que esta iniciativa tenga éxito, es necesario poner en marcha medidas complementarias, también mencionadas en el acuerdo, como el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo y la modificación en profundidad de la oferta de formación actualmente existente. La orientación es sin duda la adecuada, pero requieren de una dotación presupuestaria no menor en términos humanos y técnicos, aspectos que no han sido mencionados en el acuerdo y que pueden ser la clave para que estas medidas tengan consecuencias positivas.
El segundo elemento de este acuerdo es un Plan de Choque para el empleo juvenil y para desempleados de larga duración que consiste en una reducción sensible de las cuotas empresariales a la Seguridad Social -entre el 100% y el 75%- para empresas que contraten jóvenes a tiempo parcial (50-70% de la jornada completa) bien mediante contratos indefinidos o mediante contratos temporales de al menos 6 meses de duración. Este plan de choque tiene una validez de doce meses. Se fomenta asimismo la conversión de contratos temporales en indefinidos mediante la extensión de la bonificación -siempre durante los 12 meses que la medida esté en vigor-.
Este Plan de Choque, si bien puede disminuir las cifras de desempleo juvenil durante los próximos 12 meses, puede ahondar en el problema que muchos de estos jóvenes parados presentan y que no es otro que su falta de formación. El 30% de nuestros jóvenes entre 18 y 25 años abandona sus estudios tras finalizar la enseñanza obligatoria (el doble que la media europea), y durante los años de bonanza económica, han tenido una enorme facilidad para encontrar empleos precarios. La crisis económica ha destruido una gran parte de estos empleos, y se ha convertido en un poderoso incentivo para que estos jóvenes retomen la formación. Si el plan de choque que se ha diseñado para los jóvenes no va unido a una formación útil, estos jóvenes volverán a verse en una situación similar a la actual dentro de 12 meses, cuando terminen las bonificaciones.
¿No podría plantearse un plan de choque mediante el cual los jóvenes cuya formación educativa es igual o menor a la obligatoria optaran a estas ayudas siempre que fueran acompañadas de una formación profesional a tiempo parcial? Es cierto que la oferta actual de formación profesional debe reestructurarse, así lo pone también de manifiesto el Acuerdo, pero la necesidad de que estos jóvenes adquieran una mayor capacitación profesional me parece, hoy por hoy, imperiosa.

 

 

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Declaración de Sagunto de la Asociación Profesionales de Juventud de la Comunidad Valenciana


Casi en el ecuador de en el año Internacional de la Juventud 2010-2011 que promueve la ONU, las políticas de juventud en la Comunidad Valenciana no atraviesan su mejor momento, todo esto, a pesar de haber recibido el impulso, en 1985, de en el año Internacional de la Juventud, algo que motivó la puesta en marcha de un gran número de Concejalías de Juventud en los primeros Ayuntamientos democráticos desde la IIª República. Cuatro años después aparecieron las dos únicas leyes relacionadas con políticas de juventud del País Valenciano: la Ley 4/89 de creación de la Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y la Ley 8/89 de Participación Juvenil. Se asientan así las bases para el apoyo financiero a entidades juveniles y consistorios y se institucionalizan las políticas de juventud.


Los gobiernos valencianos a penas han legislado aspectos relacionados con la Política de Juventud. Desde hace 8 años vivimos debajo la “amenaza” de la promulgación de una Ley de Juventud, la finalidad de la cual, conocido el texto final, en vez de plantear una serie de derechos y servicios regulados y destinados a la juventud, es cambiar la denominación de la IVAJ y poco más. El proyecto de ley, ahora en debate en las Cortes Valencianas, se asemeja más al reglamento orgánico de una consejería que a una inspiradora “Ley de Juventud”. Queremos denunciar que este proyecto de ley, además, no tiene nada que ver con el borrador trabajado y consensuado en el año 2006 por el IVAJ con las entidades juveniles ni con el expuesto públicamente en un ficticio proceso de consulta con los y las jóvenes.
En cuanto al ámbito local las Políticas de Juventud han quedado reducidas una serie de ayuntamientos donde, unas veces por iniciativa política y otra gracias al buen hacer de profesionales (Técnicos, Animadores e Informadores Juveniles) y asociaciones juveniles, se ha conseguido mantener un nivel de prácticas y programas dirigidos a la juventud, de una gran calidad y creatividad. Experiencias de cooperación intermunicipal como las redes del consorcio público Xarxa Joves.net(Valencia), red Calais Jove de la Safor o la COMIJ (Alicante) han tenido que suplir esas carencias.

 
POR TODO ESTO, los profesionales que desenrollamos nuestra labor en las políticas de juventud reclamamos a los poderes públicos la necesidad de dignificar este ámbito.

Por eso planteamos el siguiente:
1.Sobre la Ley de Juventud le pedimos al gobierno valenciano y a los grupos de la oposición que tengan en consideración nuestras aportaciones y propuestas de mejoras que son el resultado del análisis de las leyes de juventud que ya existen, también las de aquellas CC.AA. gobernadas por el Partido Popular. En cuanto al contenido de la ley sería imprescindible abordar la ordenación de competencias entre administraciones, la coordinación con los ayuntamientos, las normas de seguridad en las actividades dirigidas a jóvenes, las políticas sectoriales en materias como ocupación, salud, formación, ocio, sociedad del conocimiento, valores, vivienda… y el reconocimiento de los perfiles profesionales.

 
2.Los Ayuntamientos, el IVAJ y el INJUVE así como las organizaciones sindicales, tienen que asumir y poner en valor los perfiles profesionales de informador/a juvenil, monitor/a y coordinador/a de actividades de tiempo libre para jóvenes e infancia que ha elaborado la INCUAL (Instituto Nacional de Calificaciones Profesionales) del Ministerio de Educación y que entrará en vigor inminentemente .
6 de noviembre de 2010  (http://professionalsjoventutcv.wordpress.com/)

 


Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana no derrochemos la oportunidad #juventud

Artículo de opinión
Ley de juventud: no derrochamos la oportunidad

Hace pocos días hemos conocido el nuevo texto del que será la propuesta de Ley de Juventud que el Consejo de la Generalitat Valenciana trasladará a las Cortes para su debate parlamentario y se aprobará el próximo 23 de Diciembre. Es un nuevo texto pero no el primero. Desde 2007 se han presentado borde medio docena de documentos que se han perdido por el camino, incluso cuando ya habían sido objete de negociación, al menos, con el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana (CJCV) que reúne al tejido asociativo juvenil… otros agentes implicados en las políticas de juventud al País Valenciano, como por ejemplo los ayuntamientos o quienes las despliega como profesionales, hemos sido ignorados por los actuales dirigentes del Instituto Valenciano de  Juventud (IVAJ)… y mira que hemos insistido (pero parece que estamos ya estigmatizados por la crítica que venimos haciendo a los constantes recortes en ayudas para el alquiler, becas para estudiar idiomas, equipamiento para centros de información juvenil, plazas de campamentos…).

Qué ley nos proponen? Hemos hecho un estudio comparativo con las leyes de juventud que se han aprobado en otras Comunidades Autónomas (Castilla y León – que fue la primera, en 2002- Madrid, Aragón, Canarias, La Rioja, Islas Baleares y Murcia) y detectamos que, lógicamente, todas ellas se ocupan de la organización de las instituciones (autonómicas o locales) que tienen las competencias de la política de juventud o las gestionan, establecen la transversalidad y la integralidad como metodología de diseño y gestión de la política de juventud, regulan las formas y canales de participación juvenil (abordando aquello relacionado con el asociacionismo juvenil y los Consejos de Juventud), crean servicios de inspección y abordan aspectos sectoriales de la política de juventud y los servicios para jóvenes como por ejemplo la información juvenil, la animación, el turismo juvenil, la ocupación, la formación, la vivienda, el ocio, la cultura, la salud, la familia…

Frente a este esquema que se repite en todos los textos analizados el caso de la propuesta de ley que presenta el IVAJ resulta absolutamente inconcreto y especialmente mínimo cuando se abordan las políticas sectoriales de juventud (que se incluyen dentro del capítulo del Plan Joven en un único artículo) pero sí es significativamente mucho concreta en todo aquello relacionado con la regulación de los Consejos de la Juventud (son 15 los artículos dedicados a regularlos) cuando sí existía ya una legislación, pero, no los tenía bajo su control absoluto.

La Ley valenciana que se propone le cambia el nombre el IVAJ que pasaría a denominarse “Generalitat Joven”. Y poco más. La ley de olvida absolutamente de revisar la distribución de tareas entre los diferentes actores de la administración que intervienen en las políticas de juventud, desde el nivel más alto, el IVAJ, al más próximo a l@s jóvenes, los servicios de juventud de los Ayuntamientos.

Pensamos que es básico que la ley establezca tanto objetivos claros como las acciones a ejecutar en asuntos como por ejemplo el acceso a la vivienda, la relación entre la educación formal y la no formal, la inserción laboral, las iniciativas emprendedoras, la movilidad (turismo, prácticas, idiomas), la difusión de los valores propios de una convivencia democrática, los hábitos saludables, la conservación medioambiental, la promoción de la cultura propia, la gestión de la diversidad social o la participación asociativa. Pero si son capitales las políticas sectoriales también es vital repensar los instrumentos de intervención. Hay que ordenar el trabajo. No es aceptable, menos todavía en un momento de escasez de recursos en las administraciones públicas, que ayuntamientos y Generalitat estemos solapando y contraprogramando determinadas actuaciones mientras otras cuestiones se quedan sin respuesta. Los ayuntamientos (y también las asociaciones juveniles) tienen que ser los vehículos principales de la Generalitat para llegar a l@s jóvenes. Las Diputaciones y la Generalitat tendrán que cubrir directamente aquellos espacios territoriales donde no hay iniciativa municipal en materia de juventud, pero donde si exista algún servicio municipal para jóvenes tendrá que establecerse un sistema de colaboración fundamentado en la complementariedad y la subsidiariedad. La Generalitat llegará además jóvenes y de manera más efectiva si incorpora en los ayuntamientos a esa tarea y los ayuntamientos tienen que asumir que determinadas actuaciones son más operativas si la escalera de gestión va más allá del ámbito local. Así lo han entendido todas las otras Comunidades Autónomas en sus leyes de juventud. Además la ley tendría que servir para revisar los mecanismos de financiación de las políticas de juventud, desde la Generalitat a los municipios, la definición y reconocimiento de los perfiles profesionales para realizar actividades para jóvenes o prestar servicios a los jóvenes, las condiciones de seguridad de las actividades para jóvenes para prevenir desgracias que puntualmente impresionan la opinión pública.

El artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece la política de juventud como competencia exclusiva de la Generalitat. A pesar del lío que ha caracterizado hasta ahora la elaboración de la Ley de Juventud todavía estamos a tiempo de aprovechar esta oportunidad. Las y los profesionales que trabajamos en el sector de las políticas de juventud (información juvenil, animación, monitores de tiempo libre, mediadores… tanto asalariados como voluntarios) queremos opinar, aportar… con una única intención: mejorar los programas y servicios que contribuyen a la emancipación y crecimiento personal, a la inserción en la sociedad valenciana de los y las jóvenes.

Firman el artículo 72 profesionales y de las políticas de juventud