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Esta noche en Salvados de Jordi Evole, va sobre la Memoria Histórica, no os lo perdais


Historias de cuando la verdad oficial esconde mentiras, en el año 1944…#memoriahistorica

El día en que Matías Gimeno decidió contarlo todo

Un testigo ocular revela que el soldado Juan Bautista García Sales, muerto en 1944 en Ceuta, a los 22 años, no falleció de apendicitis como se le comunicó a la familia de la víctima, sino por la agresión de un mando que acosaba a los reclutas por “rojos”

 

Ceuta, año 1944. Ser soldado y valenciano en el primer Batallón de Autos de Marruecos era un combinado fatídico. Al general Franco se le había atragantado Valencia. No solo había sido capital de la República entre noviembre de 1936 y octubre de 1937, sino que también había retrasado el avance de sus tropas. La toma de la ciudad llevó ocho meses más de lo que habían calculado sus estrategas. El brigada Tejido, destinado en este batallón, no lo olvidaba. Y descargaba todo su rencor sobre el grupo de valencianos bajo sus órdenes: “¡Rojos de mierda!”, hijos de puta, ¡qué guerra nos habéis dado!”, vociferaba a menudo, henchido de ansiedad.

Bajo aquella presión, el 18 de septiembre de 1944, el soldado Juan Bautista García Sales, de Foios, un pequeño pueblo de la huerta de Valencia, cometió el error de confundir el paso durante la instrucción que realizaba en la explanada del puerto de Ceuta. Y lo pagó con su vida, tras una agonía de 11 días en el hospital militar. El Ejército echó tierra sobre el asunto: comunicó a la familia que había fallecido como consecuencia de una peritonitis derivada de una apendicitis.

Uno de sus compañeros, Matías Gimeno Orts, de Roca, la vecina pedanía de Meliana (Valencia), recibió un permiso de 11 días con el encargo de entregar a la familia del fallecido su ropa y pertenencias. Era su mejor amigo. Batiste, como era conocido por familiares y amigos, había muerto con la cabeza sobre su brazo el día de San Miguel (29 de septiembre) a las siete y media de la tarde, dos días después de haber cumplido 22 años. Matías presenció lo ocurrido y casi 67 años después todavía no ha podido olvidarlo. Ahora tiene 88. Es un labrador retirado que vive el último tramo de su vida rodeado de jaulas con jilgueros, pardillos y verderones, y no quiere morir sin que se sepa la verdad sobre la muerte de Batiste, a quien define como “una bellísima persona”.

“Me acuerdo como si lo estuviera viendo”, rememora, y se levanta de la silla y lo representa con vehemencia. “Estábamos haciendo instrucción. Éramos unos 200 o 250. Íbamos en fila de a tres. Él iba en la fila del medio, delante de mí. Se equivocó en el paso y pisó al de delante. El brigada Tejido [no recuerda su nombre de pila] lo sacó de la fila: ‘¡Alto! ¡Tú, salte de la formación! ¡Ponte firme!’. Le golpeó en la cabeza y empezó a echar sangre por la boca y los oídos. Lo reventó. Nos tenía ojeriza a los valencianos porque veníamos de zona republicana. Había terminado la guerra y aquí éramos rojos. Nos insultaba constantemente”.

Matías lo estuvo visitando en la cama número 83 del hospital hasta el momento de su muerte. Ese día recibió un recado desde el hospital: “Si quieres ver a Bautista vivo, ven, que está muy malito”. A los parientes se les recomendó que mejor no fueran a verlo. Los compañeros pasaron la gorra y pagaron un nicho en el cementerio de Santa Catalina, en el monte Hacho de Ceuta, del que cinco años después, sin aviso, fue exhumado y trasladado a una fosa. Desde entonces reposan allí sus restos con la silueta del Peñón de Gibraltar recortada sobre el mar.

El hombre que lo presenció todo continúa recordando. Cómo vació la taquilla de Batiste, cómo lo metió todo en el macuto. Tras tres tortuosos días de viaje, entregó sus cosas a la madre, entre las que había una pluma estilográfica con la que había escrito la dedicatoria de una fotografía vestido de militar, que mandó a unos amigos. Le abrió la puerta Honorato, un niño de seis años, que estaba con su abuela y su madre, Mercedes, una de las hermanas de Batiste. “Cuando entré en su casa había dos mujeres lavando en un barreño grande. Una de ellas era su madre, Amparo. Me preguntó cómo había sido y yo le dije que del apéndice. Hasta que no terminé el servicio militar y no tuve nada que ver con el cuartel no le dije que en el papel habían puesto una mentirola. Entonces conté la verdad a algunos familiares”, refiere. Pero su madre se lo calló.

Batiste había estado de permiso en Foios un mes antes de morir, por las fiestas del pueblo. Hacía 11 meses que había salido de allí para cumplir el servicio militar. “Era muy guapo” y hacía muy poco que había reñido con su novia, “una chica de Massalfassar”, recuerda su hermana, Rosario García Sales, de 90 años. Ella lo había acompañado a la estación del Norte de Valencia. “Se iba contento. Era muy buena persona”, evoca. “Nos dijeron muchas mentiras. Que estaba muy mal, grave. Luego, dos días antes de morir, que había mejorado. Dijeron que había muerto de una apendicitis, que había tirado un gusano muy largo…”, relata postrada en un sillón con las piernas en alto en su casa de Foios. El cura les trajo la mala noticia y les contó que había tenido “muy buen entierro”. “Mi madre se quedó casi ciega de llorar durante tres meses. Se le cayeron las pestañas. Nos hacía mucha falta porque mi padre había muerto. Éramos siete mujeres y tres hombres, pero él era el único que cobraba un sueldo todos los meses”, justifica.

Batiste trabajaba de mecánico en Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) y ayudaba a sus dos hermanos en el campo. Su padre, Miguel, republicano; su madre, Amparo, muy católica. “Eran la noche y el día”, describe la hermana. Aunque el ambiente en los talleres de FEVE estaba muy politizado durante la guerra, Batiste no había militado en ningún partido ni sindicato: “Era muy joven, no se había metido en nada”. Rosario no supo la verdad sobre la muerte de su hermano hasta que al cabo de varios años se lo reveló su marido, Tonet Palau. Él, que había sido teniente en el ejército republicano y tras la guerra hizo trabajos forzados en el Valle de los Caídos, había sido informado por Matías y otros tres compañeros de Batiste. Pero su mujer no quería saberlo: “No me lo vuelvas a decir, mi hermano está muerto y no quiero saberlo”, le espetaba cada vez que trataba de contárselo.

Tampoco quería saber nada su hermano Vicente, cinco años menor que Batiste, que cambiaba de acera cuando veía por la calle a Matías. “Mi padre rehuía la verdad porque no podía hacer nada”, explica su hijo, Vicent García Devís. “Era una injusticia muy grande y no se podía hacer nada. La dictadura era un muro inmenso. España estaba gobernada por militares y los fusilamientos estaban a la orden del día. Además, era una familia sin recursos, que no hablaba apenas en castellano, sin contactos… No habían podido ir ni al entierro. Ceuta estaba muy lejos. Había que ir en tren hasta Alcázar de San Juan, después hasta Cádiz, luego coger un barco a Ceuta… ¡Era más difícil que ir hoy a Birmania! La familia se quedó con la versión oficial, que era la más feliz”.

Pero con la llegada de la democracia, su padre le contó la verdad: “Me transmitió ese malestar, que es como una herida sin cerrar, y sentí que tenía que hacer algo”. Hace 21 años, Vicent acudió al Ayuntamiento de Ceuta, consiguió una fotocopia del libro de defunciones y averiguó en qué nicho había sido enterrado su tío. Iba con el propósito de recuperar sus restos para llevarlos al cementerio de Foios e inhumarlos junto a los de sus abuelos. “Me los habría traído en una caja de zapatos si hubiese podido”, se sincera. Pero se encontró con que el nicho estaba ocupado por los restos de otra persona: “Por lo visto, los amigos, que debían de tener muy poco dinero, adquirieron una concesión de uso de solo cinco años, pero ni preguntaron a la familia si la quería renovar”. Tras una investigación posterior descubrió que sus restos, “en solo tres minutos”, habían sido retirados del nicho y depositados en la fosa del patio número cinco. “Lo primero que hice fue llevarle un ramo de flores, el primero que podía ofrecerle la familia después de tantos años. Tomé una fotografía y la mostré a mis parientes”, se emociona.

Vicent se sentía impulsado a hacer lo posible para reparar la memoria de su tío. Siguió haciendo investigaciones, “siempre sin decir para qué quería la información, ya que en el ámbito militar todo va gota a gota y siempre te dan lo mínimo”. Así obtuvo el expediente personal de Batiste del Archivo Intermedio Militar de Ceuta, con el documento que el jefe del Batallón de Autos de Marruecos mandó a la Guardia Civil para que, dos días antes de su fallecimiento, comunicara a la familia que el soldado “se encuentra mejorando de la enfermedad que padece”. Y encontró el expediente del hospital militar, cuyo resumen histórico detalla que el soldado ingresó con “apendicitis”: “Presenta fuertes dolores en fosa ilíaca derecha y defensas en paredes. Fórmula y recuentos elevados. 16.600 leucocitos. Intervenido mediante raquianestesia, se encuentra el apéndice en malas condiciones, se le extirpa y se le coloca un drenaje de goma. Se da parte de gravedad por peritonitis consecutiva de apendicitis”. Lo firmó el jefe de la clínica primera de cirugía del hospital Militar de Ceuta, el teniente coronel Enrique Ostale González. Los documentos del cementerio también consignaban que la causa de la muerte había sido una “peritonitis inmediata”.

Obtener esa información le ha costado años. “Si la hemos conseguido es porque dijimos que no teníamos nada suyo y queríamos algún recuerdo, aunque fueran papeles. De lo contrario, no nos la habrían dado. Son militares y tratan de protegerse”, se duele. Vicent habló de las indagaciones con su prima Charo Palau García, hija de Rosario, que conocía a las hijas de Matías Gimeno y le habían revelado la verdad sobre la muerte de su tío. “Era la historia que nos había contado desde siempre nuestro padre y que tanto nos hacía llorar”, recuerdan Carmen y Amparo Gimeno. Ellas les indicaron que Matías “estaba ansioso por contar la verdad y quería irse de este mundo con la conciencia tranquila”. Vicent y Charo se pusieron en contacto con Matías, quien se vació enseguida ante ellos. “Le dijimos que queríamos recuperar sus restos para enterrarlo con sus padres y cerrar la herida. Que queríamos acabar con la versión oficial y feliz de su muerte, porque la verdad es la única manera de hacer justicia”, apunta Vicent.

Matías les firmó una declaración y además accedió a que le grabaran otra en un vídeo “porque el proceso es muy largo y él muy mayor”. A este material han añadido un escrito con la información reunida sobre el caso, en el que reclaman la recuperación de los restos y la reparación de la memoria. La petición va avalada por 50 firmas de familiares directos en nombre de unos 300, entre los cuales están representadas varias ideologías.

“Es la demanda relacionada con la memoria con más peticiones de España”, expone el representante del Grupo de Recuperación de Memoria Histórica de la Fundació Societat i Progrés, Matías Alonso, que ha asumido la asesoría del proceso de Juan Bautista García Sales. Alonso destaca que se trata de “un proceso especial” y “muy difícil” porque no guarda relación con los casos habituales de memoria histórica, en los que hay uno o varios familiares fusilados. “No es el típico caso, pero igual constituye una vía nueva, ya que abre una perspectiva inédita sobre las condiciones en las que los vencidos realizaban el servicio militar en la época. ¿Cuántos casos más ha habido de chavales que murieron en esas condiciones, como consecuencia de odio político, sin que se le entregara el cadáver a la familia?”, se pregunta.

Él lo conceptúa como “un caso frontera”, porque “se trata de soldados que pagaron el pato del odio sin haber tenido ninguna implicación en la guerra”. “Es un terreno desconocido, pero estamos hablando de derechos humanos, de una familia que entregó una persona al Estado y el Estado no garantizó su integridad”, argumenta. Alonso considera que lo apropiado sería enfocarlo por el derecho de la familia a que se sepa la verdad de lo que ocurrió “con la prepotencia e impunidad de oficiales ante la indefensión de soldados que no sabían ni cuáles eran sus derechos”. En ese sentido, sostiene que el cauce apropiado que debe seguir el proceso es a través del Ministerio de Defensa, y no del de Justicia, ya que “el propio Estado está implicado”. Alonso es muy prudente respecto al desenlace del caso, porque pese a ir avalado por “un testimonio de primera magnitud” tiene un complicado encaje con la Ley de Memoria Histórica, aunque destaca que “los familiares no buscan ningún enfrentamiento, sino, si es técnicamente posible, recuperar sus restos”. Con todo, previene que el caso podría zanjarse con “un memorial junto a la fosa”, con “una reparación simbólica”. Sus familiares lo prefieren a la versión manipulada.

 


Si no lo es, lo parece mucho. Camps y la memoria histórica, o apostando por la desmemoria…#memoriahistorica

Camps contra la Memoria

Juristas nombrados por el PP dicen que en Valencia no es obligatorio retirar escudos franquistas

Los escudos franquistas que llenan todavía las ciudades españolas sólo reflejan “un cambio histórico” y no suponen una “exaltación” de la dictadura. En consecuencia, los ayuntamientos no están obligados a retirarlos de las calles. Esta es la insólita interpretación de la Ley de Memoria Histórica que ha hecho el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu, en respuesta a una pregunta formulada por el Consistorio de Valencia.

El Consell está formado por seis juristas que deben ser, según la normativa, de reconocido prestigio. Tres de ellos fueron designados directamente por el Gobierno de la Generalitat Valenciana presidido por Francisco Camps y los otros tres por el Parlamento autonómico, ambas instituciones controladas por el PP. A pesar de ello, dos consejeros mostraron su disconformidad con la tesis del dictamen a través de sendos votos particulares.

El informe es del órgano valenciano equivalente al Consejo de Estado

El Ayuntamiento de Valencia pidió a este órgano asesoramiento el pasado junio después de que el PSOE -por enésima vez le pidiera que retirase los escudos franquistas que quedan en colegios y placas de calles, entre otros símbolos fascistas. Cuatro meses después, el Consell emitió un informe favorable a los intereses del equipo de Gobierno local.

El águila, “del Renacimiento”

El dictamen reconoce que la Ley de Memoria Histórica ordena a las administraciones “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. El informe admite, además, que la insignia franquista representa “unos valores que asumía como deseables un régimen autoritario que, por definición, parte de premisas distintas a las que son propias de un Estado democrático”.

Argumentan que los blasones sólo reflejan un cambio histórico

Sin embargo, el Consell llega a la conclusión de que el escudo y el resto de símbolos ideados por la dictadura “exteriorizan gráficamente el cambio histórico” de la República al franquismo, pero “no son, por sí mismos, una exaltación”. Para respaldar esta conclusión, aparentemente contradictoria con lo afirmado más arriba, los juristas autores del informe analizan uno a uno algunos de los elementos que componen el escudo franquista con el objetivo de mostrar que algunos de ellos (el águila y el yugo y las flechas) ya habían sido utilizados en el Renacimiento.

Varios juristas consultados opinan que se trata de un dictamen técnicamente enclenque y políticamente interesado. “Es una interpretación sibilina y rebuscada de la norma para desviarla de su finalidad. En el fondo quieren justificar una etapa histórica”, en palabras del abogado especialista en derechos humanos Juan Ramón Juániz.

“En el propio dictamen hay una contradicción tremenda, un salto en el vacío”, opina José María Tomás i Tío, presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial. “El Consell Jurídic pretende adaptar la Ley de Memoria Histórica a la petición que le hace el ayuntamiento continúa y para eso ignora los criterios técnicos que se deben usar para interpretar una ley, como son la atención a su espíritu y finalidad, o la realidad social a la que va dirigida”. El jurista reprocha también al Consell que analice por separado los elementos del escudo para darles un aire neutral. “El conjunto de los elementos es el que determina la identidad del símbolo”, afirma.

Se ha interpretado la ley de manera “sibilina”, afirman varios juristas

En esta misma línea se pronunció Ana María Castellano, una de las juristas del Consellque votó en contra del dictamen. Castellano defiende la retirada de todos los escudos franquistas, “porque esos símbolos siguen teniendo un vigor y una fuerza estremecedora dentro de la sociedad actual, siguen presentes para millones de personas y tienen un significado concreto que no se puede alterar como si fueran palabras vacías”.

La función del Consell Jurídic se limita al asesoramiento jurídico de las instituciones valencianas, por lo que este dictamen no es vinculante ni sienta ningún tipo de jurisprudencia en la interpretación de la ley. No obstante, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia (GPRMH) ya ha mostrado su preocupación por que pueda servir de ejemplo a aquellos políticos que se resisten a retirar los símbolos franquistas del espacio público.

De momento, el texto ya ha servido para dar soporte al Ayuntamiento de Valencia en su sistemática negativa a retirar cualquier símbolo de la dictadura de los muchos que quedan en la ciudad. No han derogado, por ejemplo, el título de alcalde honorario concedido a Franco en 1939. Aducen que el galardonado está muerto y, por tanto, no es necesario ocuparse del tema.

“Las víctimas del franquismo son de segunda”, lamenta una asociación

Además, quedan decenas de calles con nombres de dirigentes de la dictadura (una de las calles más conocidas, la Barón de Cárcer, homenajea al primer alcalde franquista). También hay un barrio dedicado a falangistas que participaron en el golpe de Estado de 1936. Además, existen símbolos en varias iglesias católicas. El más significativo está en el templo de la Santa Cruz, donde una imagen de Franco adorna el retablo como un personaje más. En reiteradas ocasiones, desde el ayuntamiento se ha señalado que la memoria histórica “no es una prioridad”.

Hasta el momento, numerosas administraciones han cumplido la Ley de Memoria Histórica y se han retirado decenas de escudos franquistas. El último fue el del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, el 14 de enero. Antes, fue retirado el que presidía la fachada de la Casa das Artes en Vigo, el que adornaba el edificio de Capitanía en Barcelona y el de la Capitanía General de Valladolid, entre muchos otros. En la propia ciudad de Valencia, el Ministerio de Defensa ha retirado los escudos de tres edificios de su propiedad.

El ‘aguilucho’, libre de culpa

“Parece que las víctimas del franquismo son víctimas de segunda”. Con esta frase, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, Matías Alonso, mostraba su indignación por el dictamen del máximo órgano consultivo valenciano. El Consell Jurídic Consultiu afirma que los ayuntamientos no están obligados a retirar los escudos franquistas de las calles porque reflejan un “cambio histórico” y no una “exaltación” de la dictadura. “Llegan a dar soporte a los razonamientos con que la ultraderecha defiende la simbología franquista”, se lamentó Alonso. Se sorprenden, sobre todo, de que el Consell pretenda restar peso político al escudo analizando sus elementos por separado, con afirmaciones como que el águila y el yugo y las flechas ya se usaron en el Renacimiento. “Es como decirle a una víctima del nazismo que no debe ofenderse por la esvástica porque ya se usaba en Oriente. O imponer a las víctimas de ETA que vivan bajo el escudo de la banda porque, total, sólo es una serpiente y un hacha de leñador”, dice Alonso. Para rebatir los argumentos del Consell basta una lectura del Decreto de 1938 por el que el bando sublevado establece sus nuevos símbolos y hace del escudo el reflejo de su ideología totalitarista. La dictadura rompe con la tradición heráldica de los últimos cuatro siglos y decide recuperar el escudo de los Reyes Católicos para mostrar que el nuevo régimen es “radicalmente distinto al que ha venido a sustituir”, dice el decreto. Le añaden, además, nuevos elementos puramente franquistas, como el lema “Una, Grande, Libre”, inventado por la Falange.

 

 


En Europa esto no pasa, somos verdaderamente demócratas #memoria #españa #pasado

Las víctimas del franquismo responden al Gobierno de Camps

Consideran que el Consell Jurídic Consultiu hace una “retorcimiento literario” de la Ley de Memoria Histórica al recomendar que no se retiren los símbolos.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GPRMH) ha lamentado el contenido del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que sostiene que no es exigible a las administraciones la retirada de escudos franquistas “porque no exaltan por sí mismos la represión de la dictadura”.

El colectivo asegura que “todos y cada uno de los argumentos en ese sentido son desmontables” y añade que “esta situación advierte del peligro que encierra la actitud de la facción del PP que gobierna la Comunidad Valenciana, que instrumentaliza a las instituciones en su lucha por imponer sus tesis políticas e históricas frecuentemente contradictorias con el espíritu constitucional vigente, como hoy es el caso del CJC”.

El GPRMH sostiene que esas interpretaciones pueden dar lugar incluso a la “conservación de cruces gamadas”

El Grupo muestra su rechazo al dictamen, basado, a su parecer, en un “retorcimiento literario” del artículo 15.1 de la Ley de la Memoria y en gran parte en una “reinterpretación benévola de lo que representan escudos, placas o insignias claramente fuera de la Constitución por el propio decreto de 1938 que los crea”.

Los autores de dicho decreto, recuerda la entidad, “se basan en conceptos hoy abiertamente anticonstitucionales, además de ser la nueva representación de un estado totalitario basado en preceptos enfrentados a cualquier régimen constitucional y democrático”.

En la misma línea, el Grupo califica de “muy preocupante que el dictamen pueda ser usado contra la llamada Ley de la Memoria desde esas posiciones, con una interpretación que puede dar argumentos incluso a la conservación de cruces gamadas en Europa bajo el argumento de que en realidad son símbolos histórico-religiosos nacidos en Oriente como representaciones de divinidades budistas”.

No obstante, recalca, aun con el “profundo desacuerdo” con el dictamen, que el CJC deja claro que ninguna ley ampara el mantenimiento de escudos, insignias y placas y que las que dieron lugar a su aparición forman parte del entramado jurídico franquista, afortunadamente superado y anticonstitucional.

“Nosotros añadimos que el simple convencimiento democrático y los valores que dicen jurar cuando acceden a sus cargos deberían servir de acicate para tal retirada, pero su actitud de insumisión ante la Ley de la Memoria y tantos otros aspectos no les deja avanzar por la senda de la reconciliación con la normalidad a nivel estatal e incluso europeo”. El Grupo enfatiza que en Europa se retiraron símbolos parecidos hace décadas respondiendo a la “sinceridad democrática de Gobiernos e instituciones que hace años ya se desnacificaron”.

http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/355925/las-victimas-del-franquismo-responden-al-gobierno-de-camps

 

 


Porqué es importante recuperar la memoria histórica, de Vicenç Navarro


La ARMH espera que el Gobierno cumpla la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre

“No puede prescribir un crimen que se sigue cometiendo”

La ARMH espera que el Gobierno cumpla la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre

La Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el pasado 23 de diciembre, es un instrumento más que obliga a los Estados que la han ratificado a cumplir sus responsabilidades en materia de justicia universal. Los preceptos establecidos en esta Convención son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.

En esa línea se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha celebrado la entrada en vigor de este tratado por constituir “un nuevo marco legislativodesde el que el Estado español está obligado a tomar medidas sobre las desapariciones forzadas, planificadas y ejecutadas por los autores del golpe militar de 1936”.

La Convención Internacional fue suscrita por el Gobierno español en septiembre de 2009 y su entrada en vigor se produce después de que los últimos países la hayan ratificado.

Crimen de lesa humanidad

Los delitos de desaparición “continúan” y por ello “superan la Ley de Amnistía”

La ARMH subraya que el artículo 5 de la Convención califica los delitos de desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad” resultados de una práctica “generalizada y sistemática” y que en España el número de desaparecidos documentados asciende a 113.000, la mayoría de ellos, entre el 18 de julio y el 30 de octubre de 1936, “lo que demuestra la existencia de una operación orquestada en la que alguien dio la orden de comenzar y alguien dio la orden de parar”, indican.

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos, desde la entidad apuntan al artículo 8 de la Convención, que establece el momento a partir del cual se inicia el cómputo de tiempo para saber si los hechos han prescrito: “A partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese delito”. La ARMH considera que los delitos de desaparición “continúan cometiéndose”, por lo que “superan la Ley de Amnistía de 1977” y los plazos marcados por ella.

La Convención Internacional también prevé las denuncias de estas desapariciones ante las autoridades competentes para que procedan “sin demora a realizar una investigaciónexhaustiva e imparcial”, según reza el artículo 12. En cambio, lamentan desde la asociación los antecedentes que se han dado en España, donde Baltasar Garzón, el único juez que ha intentado investigar los delitos de desapariciones forzadas durante la dictadura, “ha pagado con ello su expulsión parcial del juzgado del que era titular en la Audiencia Nacional”.

Derechos de las víctimas

La ARMH recuerda que la Convención dicta el derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas y la responsabilidad de los Estados a que se haga efectivo. El texto de la norma internacional lo refleja de este modo: “Cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada”. “Cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas y en caso de fallecimiento para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

En cambio, la Ley 52/2007 conocida como de Memoria Histórica, contempla un “deber de facilitar la búsqueda a las víctimas”, es decir, traslada la tarea de recuperar los cuerpos de los desaparecidos a los propios familiares, algo que desde la ARMH les lleva a concluir que “el Estadoelude sus obligaciones y determina -a través de esa ley- que quienes han padecido el daño, son los que deben repararlo”.

Por último, la asociación espera “que el los tres poderes del Estado se pongan en marcha para aplicar la Convención” y, de este modo, “garantizar los derechos de las miles de familias de los 113.000 hombres y mujeres secuestrados y asesinados y cuyos cadáveres fueron ocultos como consecuencia de la estrategia golpista”.

Nuevo esfuerzo internacional para acabar con las desapariciones forzadas

El día que entra en vigor la convención contra este tipo de delitos, Human Rights Watch ha señalado que esta norma debería “hacer rendir cuentas a los responsables”

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Congreso sobre Memoria Histórica y Represión Franquista en Castellón

http://www.cemehis.uji.es/congres.html