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Una estafa que ronda los 20 millones de euros, con los presuntos responsables identificados, y sin ningún detenido… (via Manises)

Una estafa que ronda los 20 millones de euros, con los presuntos responsables identificados, y sin ningún detenido... Un grupo de delincuentes realiza un atraco en una joyería en la calle Colón de Valencia, a la luz del día del día y a la vista de centenares de testigos. Pero la policía, también presente en el lugar, a pesar de observar el robo y tener claramente reconocidos los ladrones, los deja marchar sin reaccionar, no se sabe bien a la espera de qué orden superior. Algo similar a esto, que parece inaudito, ocurre a día de hoy. Sí, el robo no es un vulgar atraco de una joyería, pero el botín sustraído es muy mayor.

Hasta 20 millones de euros podrían haber viajado de las arcas públicas a empresas de familiares y amigos de unos políticos claramente identificados a cambio de trabajos y servicios nunca realizados. Del bolsillo del contribuyente a la de sus familiares y amigos. Documentado y publicado en la prensa día en día desde hace semanas e incluso meses. Hablamos como deben de saber, del caso Emarsa, que recibe el nombre de la empresa que gestionaba la Depuradora de Pinedo y en la cual algunos de sus principales gestores, alcaldes, regidores y militantes del Partido Popular en activo, se dedicaron a estas prácticas durante años, además de pagar sus caprichos personales —viajes, regalos, etc.—, con un valor acumulado que hoy por hoy supera los 400.000 €, también a cargo del dinero público depositado en la entidad, ahora en quiebra por la deuda millonaria que contrajo.

Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Enrique Arnal, Sebastián García Martínez, Juan José Medina… son algunos de los nombres que aparecen día a día identificados junto a las presuntas estafas realizadas desde la empresa, pero a estas alturas todos ellos continúan en la calle y, en muchos casos, disfrutando de sus cargos. El Partido Popular, en el cual militan todos, debe de observar esto cómo una correcta gestión de los suyos, puesto que no ha realizado ninguna depuración política. En cuanto a las fuerzas de seguridad y los órganos encargados de impartir justicia, al ciudadano de la calle le costará entender que no actúan con la misma diligencia que en ocasiones han empleado para detener y procesar alguien que han pillado hurtando una barra de pan.

Cómo es esto posible? El proceso judicial para determinar las responsabilidades del enorme iceberg de corrupción que empezó a emerger con fuerza a la superficie este verano, se inició cuando —a propuesta del grupo socialista— la entidad que gestiona ahora la depuradora y ha absorbido el desastre de Emarsa, la EMSHI, presentó el pasado 3 de noviembre una querella ante el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia contra varios dirigentes y proveedores de Emarsa por los presuntos delitos de estafa continuada, malversación de caudales públicos y delito societario por administración desleal. Entonces se propuso al juzgado que se aplicara como medida cautelar una fianza al gerente y al director financiero por la cantidad de 1.095.757,09 euros respectivamente. Sin embargo, los presuntos autores de estos delitos, los nombres y apellidos de los cuales vemos desfilar diariamente en la prensa escrita continúan en libertad.

“Mientras el juez instruye el caso, solamente se puede proceder a una primera detención de 72 horas, y solamente se podría dictar prisión provisional si, en función del delito, la alarma social que genero o los riesgos de fuga de los presuntos autores, así lo recomendaron”, explican las fuentes jurídicas consultadas por el Informativo para justificar que los presuntos responsables de estos delitos de estafa y malversación de caudales públicos, sigan en la calle. Pero, ¿no podrían permanecer entre rejas como Juan Antonio Roca o Francisco Correa? Nuestras fuentes indican que sería posible, pero insisten que el juez que instruye el caso, al presuntamente tratarse de un delito “refinado” y no un flagrante delito, la prisión preventiva solamente podría aplicarse en caso de riesgo de fuga y alarma social.

“Mientras no se doy cabeza de esos supuestos o el juez no lo considero así, los sospechosos pueden estar en libertad. De forma que en parte, depende del juez, pero también del malestar que haya en la calle y que se perciba, por ejemplo, en los medios de comunicación”, añaden. Atendiendo a la reacción de la ciudadanía valenciana ante la corrupción, los sospechosos, por mucho que sus nombres aparezcan diariamente en los papeles, pueden —al menos provisionalmente— respirar tranquilos.

http://www.linformatiu.com/nc/portada/detalle/articulo/una-estafa-que-ronda-els-20-milions-deuros-amb-els-presumptes-responsables-identificats-i-sense-c/

 

via Manises

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